Los compromisos climáticos son cosa seria

6 de junio de 2024 Columna de opinión

Cuando Chile firmó el Acuerdo de París 2015, en el marco de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidos, asumió un compromiso internacional jurídicamente vinculante de implementar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2020, el país presentó su plan de acción climática, que incluye el conjunto de medidas de mitigación que definen nuestra contribución determinada a nivel nacional (NDC) para controlar el calentamiento global.

André Laroze,
PhD en Recursos Forestales y 
CEO de PEFC Chile

Las medidas definidas para el sector forestal (NDC-Forestal) son el resultado de un análisis de todas las opciones disponibles para Chile en 2015, tanto de reducción de emisiones como de captura de CO2, las que fueron evaluadas y comparadas por expertos temáticos y validadas por un amplio espectro de la sociedad civil. En particular, la captura de CO2 quedó asociada a la forestación y el manejo de bosques, siendo el fomento a las plantaciones forestales, especialmente las de pino radiata, la medida más eficiente en términos del costo por tonelada de CO2 (Proyecto MAPS Chile, Fase 2). Es decir, es la medida más conveniente para cumplir los compromisos internacionales con el mínimo de gasto fiscal.

Los países firmantes del acuerdo deben revisar su NDC cada 5 años, especialmente para actualizar/incrementar sus “ambiciones climáticas” (comprometer una mayor contribución). El Ministerio del Medio Ambiente inició el 16 de mayo el proceso de evaluación de los compromisos vigentes de Chile con vistas a desarrollar la próxima versión del NDC para 2025-2030. En este contexto, el Ministerio de Agricultura inició su parte el 22 de mayo con el taller “Escenarios de largo plazo del sector forestal en el contexto de la meta de carbono neutralidad”.

Asumir el desafío de modificar los compromisos internacionales implica una gran responsabilidad, en el sentido de que los cambios deben ser muy bien evaluados, con base en un análisis crítico de sus impactos para la sociedad, partiendo por determinar si es necesario y racional cambiar los compromisos vigentes. Por ejemplo, los cambios no pueden resultar en una menor ambición climática: Chile, siendo un país altamente vulnerable al cambio climático, tiene que mostrar un serio compromiso de mitigación porque es esencial para nosotros que los demás países también lo hagan.

Para recabar información sobre este proceso, pregunté tanto a CONAF como ODEPA, organizadores del taller mencionado, sobre qué estudios se habían realizado para levantar la información básica que permitiría evaluar apropiadamente una propuesta de modificación del NDC-Forestal. A la fecha, han pasado diez días hábiles sin tener respuesta, lo que indicaría que no se ha realizado ninguno de los estudios necesarios para analizar posibles cambios ni se han preparado sus bases de licitación. Sin embargo, propusieron un programa de trabajo para tener en diciembre de este año un documento con las modificaciones “oficiales” a presentar ante la Convención Marco de Cambio Climático.

Pero para realizar un proceso efectivo de definición de políticas públicas, es fundamental tener a mano elementos de juicio claros y objetivos que permitan orientar la discusión, porque sin ellos es inviable tomar decisiones racionales, y, peor aún, da lugar a que la ideología de un grupo de interés se imponga en decisiones de la mayor trascendencia sin un debido proceso democrático. Por ejemplo, proponer como medida de mitigación una entelequia que no dará resultado afectaría seriamente el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos, los que en definitiva son para nuestra propia sobrevivencia.

Afortunadamente, queda la posibilidad de que el Gobierno recapacite al respecto, entendiendo que los compromisos internacionales relacionados con el cambio climático no se deberían modificar sin un sólido sustento que acredite su necesidad y racionalidad, siendo mejor dedicarse a materializar las contribuciones que están pendientes; es lo mínimo de seriedad que demanda la sociedad civil.